Tosta de burrata con tomates cherrys asados
14 mayo 2025
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Actualidad: Sentencia histórica
Hoy podemos compartir una gran noticia, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado un macroproyecto solar en la Campiña de Córdoba. Esta sentencia marca un antes y un después en la lucha que se está llevando a cabo desde las plataformas Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares. Por fin, la justicia ha dado la razón a quienes defienden el campo, el paisaje y a las personas que lo habitan.
Una empresa llamada Calentona Servicios y Gestiones SL intentó levantar tres parques solares en la Campiña de Córdoba. Aunque fueron presentados como proyectos independientes, en realidad formaban un único megaproyecto. ¿La estrategia? Dividirlo artificialmente para esquivar controles más exigentes y conseguir la autorización de la Junta de Andalucía sin demasiadas complicaciones.
El plan afectaba a casi 270 hectáreas de olivar en los municipios de Bujalance y Montoro, e incluía una línea de alta tensión de más de 4 kilómetros, que atravesaría fincas de agricultores y ganaderos de la zona. Uno de estos agricultores decidió no rendirse y llevó el caso a los tribunales de la mano de la abogada Dorinda Aventín.
Durante el proceso, la empresa trató de comprar su silencio con importantes sumas de dinero para que se retirase pero él no cedió. Y la justicia le dio la razón.
La sentencia es contundente: la empresa partió el proyecto en tres con el único objetivo de esquivar la ley, algo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia considera un fraude legal. Según recoge el fallo, esta fragmentación no responde a motivos técnicos ni logísticos, sino a la intención de evitar los controles ambientales y administrativos que sí se aplican a proyectos de mayor envergadura.
El TSJA señala también que los tres parques solares comparten nombre, ubicación, infraestructuras y finalidad, lo que deja claro que no eran proyectos distintos, sino un único gran proyecto segmentado estratégicamente para eludir las exigencias legales.
Esta es la primera vez en Andalucía que se anula un megaproyecto solar por haber sido dividido de forma ilegal, y eso la convierte en una sentencia histórica. Marca un precedente importante que demuestra que, con argumentos sólidos, coraje y unidad, sí es posible plantar cara a un modelo injusto que amenaza con transformar el campo en un tablero especulativo.
Este caso se suma al de la finca de Cayetano Martínez de Irujo, también afectada por este mismo proyecto. En su caso, bastaron sus protestas públicas para que el promotor diera marcha atrás y renunciara a ocupar sus tierras. Pero para el resto de propietarios, la lucha sigue.
Aunque esta victoria debe celebrarse, no hay que olvidar que la Junta de Andalucía continúa autorizando nuevos proyectos solares por toda la comunidad: en Lopera, Arjona, Marmolejo… y otros municipios donde, una vez más, se pone en riesgo el territorio. Son lugares donde las plataformas reivindicativas están creciendo y luchan unidas por un mismo mensaje: basta de expropiar fincas a quienes llevan generaciones cuidando la tierra.
No son ni Andalucía, ni el Estado, ni la gente del campo. Los beneficiarios de este modelo de transición los grandes fondos de inversión y las empresas eléctricas, que usan leyes antiguas para expropiar los terrenos a quienes no quieren vendérselo. Se amparan en un supuesto “interés público”, pero el único interés que hay aquí es el económico.
Además, reciben ayudas públicas millonarias del Banco Europeo de Inversiones, del Instituto de Crédito Oficial o de fondos Next Generation. Mientras tanto, los agricultores y ganaderos siguen sin apoyo y, como han dicho expertos como Antonio Turiel o Álvaro Campos, el sistema eléctrico español ya no necesita más renovables desordenadas.
Es nada. Hasta ahora, ningún partido político ha propuesto una reforma real de estas leyes, a pesar del impacto que están teniendo en el medio rural. Mientras tanto, los afectados observan con preocupación cómo algunos antiguos responsables públicos acaban vinculados a empresas del sector energético, cómo determinados intereses privados se fortalecen, y cómo proyectos aún sin desarrollar ya se preparan para ser vendidos, sin haber instalado siquiera un solo panel solar.
Nosotros lo tenemos claro, y esta sentencia lo confirma: estamos en lo cierto. Hay otras formas de hacer las cosas. Existen alternativas reales, derechos que deben ser respetados y argumentos sólidos que respaldan la defensa del territorio, del paisaje y de quienes lo habitan. Y ahora, además, tenemos jurisprudencia: una decisión judicial que sienta precedente y que puede marcar el rumbo para frenar otros proyectos similares que avanzan sin el debido control.
Esta victoria no significa que todo esté ganado, pero es una señal de que la lucha tiene sentido, tiene fuerza y tiene futuro.
Seguiremos luchando. Porque el campo no se rinde. Y porque con cada hectárea que se defiende se está dando un paso más hacia la justicia.
Considerado uno de los AOVE mejor reconocidos de la provincia de Jaén.
